708 empleados de confianza han obtenido la base en tribunales durante la administración osunista

“El Estado es el principal violador de los derechos laborales”, acusa el abogado Ángel García, quien representa a 800 empleados que tienen demandado a los gobiernos bajacalifornianos. Los pleitos legales por pensiones, jubilación y antigüedades, implican gastos millonarios que las administraciones heredan de una a otra, en tanto que los poderes ejecutivos insisten en la necesidad de una reforma a la Ley para aumentar la edad para jubilaciones y modificaciones en las contribuciones de jubilados y la cobertura de beneficiarios

Sergio Haro Cordero

Un joven trabajador municipal apenas treintañero, con cinco años de servicio, tuvo un grave percance a finales de los noventas. Víctima de la inseguridad, le pegaron un balazo en la espalda en un restaurant, afectando sus capacidades de por vida. En marzo de 2012 tuvo una crisis, y, sangrante, llegó al hospital de ISSSTECALI, donde se negaron a atenderlo. El argumento: ser “empleado de confianza” y no contar con servicios médicos en esa instancia oficial.

Igual le pasó a una trabajadora del Poder Judicial, quien a principios de este año se vio involucrada en un accidente de tránsito. Por su categoría de “empleada de confianza”, el accidente solo se califica como “enfermedad”. En noviembre de 2011, Andrés Berrelleza, empleado de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), sufrió un accidente de tránsito que le costó la vida. Por ser “empleado de confianza” su viuda no tuvo derecho a pensión alguna.

Otros casos de la CESPM son igual de injustos, como el de Porfirio Chocoa Torua, quien cuenta con 37 años de antigüedad y no puede pensionarse, también por su condición de ser “empleado de confianza”; al igual que Acacio Quintanilla Diarte, con cuatro décadas laborando en la institución y sin derecho a pensión por ser de la misma categoría, con el agravante de que  recientemente le detectaron cáncer. Ambas situaciones -y por negociación con los directivos- les otorgaron lo que le llaman “pensión humanitaria”, una suerte de acuerdo entre las partes donde se logra que el trabajador siga cobrando, pero ya no acuda a laborar. Read more »